El Congreso admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago

El Senado deberá darle su visto bueno antes de que se disuelvan las Cortes el próximo día 26

Los mossos d’esquadra detienen a una de las personas que intentaban evitar el desahucio de un piso en Barcelona en julio. / CARLES RIBAS

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Después de meses de bloqueo, la mesa del Congreso de los Diputados ha admitido esta semana a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación de pago. Esto significa que se pueda devolver el piso al banco para saldar la deuda de la hipoteca. La demora en la tramitación de la ILP llevó la semana pasada a la asamblea de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), reunida en Barcelona, a decidir que iniciaría la recogida de firmas aunque no se admitiera la ILP. Ahora no saben si estarán a tiempo de emprender una recogida de firmas con la que, además de impulsar la reforma legislativa, pretenden situar el problema de quienes no pueden pagar la hipoteca en la agenda pública.

Tras pasar por la mesa del Congreso, desde el pasado día 13 la Iniciativa está en el Senado, cuya mesa debe darle también visto bueno antes de que se disuelvan las Cortes el próximo día 26. Faltaría todavía que la Junta Electoral diera el visto-bueno al modelo de hoja de recogida de firmas. In extremis, las Plataformas de Afectados imprimirían y distribuirían entonces las hojas de recogidas para, como es su intención, hacer coincidir la recogida con la campaña electoral de las generales previstas para el 20 de noviembre.

Ada Colau, portavoz de la asamblea de Barcelona, recuerda que en cualquiera de los escenarios, las plataformas de afectados por la hipoteca saldrán a la calle a recoger firmas. En cualquier caso, reivindica “agilidad a la mesa del senado y a la junta electoral para poder empezar la recogida de firmas antes del 20-N”.

El texto de la ILP impulsada por las PAH establece, además de la dación en pago, que quienes no puedan pagar la hipoteca puedan permanecer en el piso pagando un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. “La medida del alquiler social persigue evitar mayores costes sociales y económicos, porque asistir y realojar a una familia desahuciada tiene un gran coste para la administración y el resto de la sociedad”, advierte Colau.

http://politica.elpais.com/politica/2011/09/16/actualidad/1316176577_820142.html

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