¿Dónde está la ley de transparencia?

Una de las promesas estrella del Gobierno se atasca durante 228 días y acumula 20 retrasos en el Congreso

Juan Luis Sánchez

12/03/2013 – 20:02h

Rajoy presenta hoy el plan de empleo joven junto a empresarios y sindicatos

(EFE)

“España tendrá en los primeros 100 días [de mi Gobierno] una ley de transparencia, buen gobierno, y acceso a la información pública. Todo el mundo podrá saber en qué se gasta el dinero. Transparencia total”. Lo dijo Rajoy en campaña electoral, en septiembre de 2011, pero lo cierto es que también lo dijo después de ganar las elecciones. La promesa electoral se había convertido en promesa presidencial… pero tampoco se ha cumplido.

“¿Dónde está la ley de transparencia?”, se preguntan este miércoles los integrantes de la Coalición pro Acceso, que han lanzado una campaña en Twitter en busca de algo de ruído y presión. “La Comisión Constitucional, encargada de debatirla, no ha publicado un calendario, no da fechas sobre cuándo se aprobará y no está contando con la ciudadanía para mejorar el proyecto de ley”, se quejan en un texto.

El proceso, efectivamente, se ha entrampado en el Congreso, donde el primer texto aportado hace 228 días por el PP acumula ya 20 retrasos en los plazos para presentar enmiendas. En este tiempo, el Gobierno aprovecha para intentar negociar con el PSOE las grandes líneas de la ley y blindar de cara al futuro los límites de su aplicación. Rajoy anunció hace unas semanas que “los criterios de la Ley de Transparencia se aplicarían a los partidos”, una frase que, para las organizaciones pro transparencia, podría tener truco: demandan una aclaración mucho más específica de que formaciones políticas o sindicatos estarán reguladas expresamente por la ley.

Hace exactamente un año, empezamos a preguntarnos cómo sería la ley. ¿Sería una ley buena, mala o regular? ¿Insuficiente como en Italia o ejemplar como en Eslovenia o Reino Unido? La línea roja entre lo que sería satisfactorio y lo que no está en el ámbito de aplicación de la ley: ¿a qué datos y cargos públicos va a afectar? ¿quedarán fuera los jueces o el funcionamiento del Congreso? ¿incluye las agendas oficiales, los informes o la información estadística y demográfica? ¿habrá un órgano de revisión independiente de transparencia al que recurrir? Durante estos meses, algunas de estas cuestiones se han aclarado y algunas expectativas se han desinflado.

Más de 60 organizaciones han valorado como “insuficiente” el primer borrador de la ley. Primero, porque tal y como está, la ley establece un órgano para vigilar que el resto de la administración cumpla, pero esa agencia dependería del Ministerio de Hacienda, lo que no es suficiente garantía de independencia, según los críticos. Segundo, porque tiene demasiadas excepciones, demasiadas cosas que quedan fuera: la Casa Real, como ejemplo más concreto, no se someterá a la ley; los partidos y sindicatos, está por ver; los borradores y anteproyectos que gestione el gobierno tampoco serían públicos con la actual ley. Y por último, un aspecto más técnico: la Coalición Pro Acceso quiere que el derecho a acceder a la información pública se recoja como un derecho fundamental.

http://www.eldiario.es/sociedad/ley-transparencia_0_110239612.html

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